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Informe de la Comision Nacional
sobre Prision Politica y Tortura
Informe Valech
28-11-2004- El Presidente de la
Republica, Ricardo Lagos, dio a conocer al pais el Informe de la
Comision Valech sobre Prision Politica y Tortura elaborado a partir
del testimonio de mas de 35 mil victimas de la violencia de estado
del regimen de Augusto Pinochet, que fueron detenidos y sometidos a
apremios ilegitimos luego del 11 de septiembre de 1973.
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Discurso de Presidente Ricardo Lagos:
Tomado textual de la pagina:
Chilenas y chilenos:
He recibido el Informe de la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El informe
es público y estará al alcance de todos los chilenos y
de la comunidad internacional a partir de este momento.
Creo no equivocarme al señalar
que este Informe constituye una experiencia sin precedentes en el
mundo. Ha sido capaz de entrar –treinta y un años
después– a una dimensión oscura de nuestra vida
nacional, a un abismo profundo de sufrimientos y de tormentos.
He leído y analizado este
Informe con mucho cuidado. Allí está el testimonio de
más de 35 mil personas residentes en Chile y el extranjero.
Veintiocho mil de esos testimonios han sido aceptados como válidos,
y algo más de 7 mil no cumplieron los estrictos requisitos
para ser aceptados por la Comisión. Estas 7 mil personas
tendrán derecho a que su situación sea revisada por la
Comisión, la cual volverá a estudiar sus antecedentes
para tomar una decisión definitiva.
El informe nos hace mirar de frente una
realidad insoslayable: la prisión política y las
torturas constituyeron una práctica institucional de Estado
que es absolutamente inaceptable y ajena a la tradición
histórica de Chile.
Recorrer los miles de testimonios me ha
conmovido, como les conmoverá a ustedes cuando lo lean; los
relatos de las víctimas estremecen. He sentido muy de cerca la
magnitud del sufrimiento, la sinrazón de la crueldad extrema,
la inmensidad del dolor.
Expreso públicamente mi
solidaridad, mi afecto, mi aprecio y mi cariño a todas las
víctimas y a sus familias.
Al leer este Informe, tres preguntas
nos recorren una y otra vez:
La primera: ¿Cómo
explicar tanto horror? ¿Qué pudo producir conductas
humanas como las que allí aparecen? No tengo respuesta frente
a ello. ¿Cómo explicar que el 94% de los detenidos
señalen que fueron objeto de torturas? ¿Cómo
explicar que, de las 3.400 mujeres que entregaron testimonio, casi
todas señalen haber sido objeto de alguna violencia sexual?
Segunda pregunta: ¿Cómo
pudimos vivir 30 años de silencio? Sin duda, por el miedo.
Pero también el silencio se relaciona con una actitud de
dignidad básica de la persona. El Informe lo dice: "descorrer
el velo de la tortura, de la humillación, de la violación
física y psicológica, es algo muy difícil de
hacer. Incluso ante los propios cónyuges. Y ese mismo silencio
comprensible fue ahondando el daño de los sufrimientos no
compartidos, de aquello que preferimos esconder, ocultar, arrancar de
los archivos de nuestra historia".
Vidas quebradas, familias destruidas,
proyectos personales tronchados, incapacidad de poder dar a sus hijos
una vida mejor. Todo ello se ha vivido durante años y años
cubierto por un velo de silencio, espeso, insano. Eso tenía
que terminar; ha terminado.
El silencio no pudo convertirse en
olvido.
La tercera pregunta: ¿Qué
sentido tiene hacer un Informe 31 años después? El
Informe lo dice: que "la experiencia de la prisión
política y la tortura representó un quiebre vital que
cruzó todas las dimensiones de la existencia de las víctimas
y de sus familias, y que las acompañan hasta el presente".
No se trata sólo de horrores
cometidos hace 31 años; se trata también de daños
que permanecen hasta el día de hoy. Se trata también de
una verdad que nos era debida, que era necesaria para completar la
justicia y reparación para estas familias y que ellas tienen
derecho.
Reconocer el desvarío, la
pérdida del rumbo que hizo que las instituciones armadas y el
Estado se apartaran de su tradición histórica, de sus
propias doctrinas que las vieron nacer y desarrollarse, es lo que nos
permite retomar la senda de siempre y enfrentar con optimismo el
futuro.
Sin duda alguna, el trabajo de la
Comisión, la publicación del Informe, es el acto más
importante para reparar a las víctimas en su dolor.
Se terminó el silencio, se
desterró el olvido, se ha reivindicado la dignidad de cada uno
de ellos.
Pero ello requiere algo más. Si
está comprometida la responsabilidad de los agentes del
Estado, lo que corresponde es que el Estado adopte medidas que ayuden
a mitigar los efectos de tanto dolor.
Lo digo claramente: estas medidas
tienen que estar orientadas a sanar las heridas, no a reabrirlas.
Y en este sentido, comparto las tres
líneas de reparación que presenta la Comisión.
En primer lugar dice "tienen que haber medidas institucionales,
las cuales tienen que cristalizar en la creación de un
Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá, a través
de la educación, el respeto a dichos derechos y a la vez se
hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la
información acumulada en Chile, desde los archivos de la
Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.
En segundo lugar, medidas simbólicas
y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del
Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas
jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones
de esta terrible experiencia. Estas medidas, por cierto, y esto es
muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas
Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República
y pertenecen a todos los chilenos.
En tercer lugar, las medidas de
reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito
jurídico como en el económico.
Las jurídicas, básicamente
se refieren a cómo restablecemos la honra de estas personas.
La mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos que nunca
cometieron, y por tanto, el restablecimiento pleno de sus derechos
ciudadanos.
En el ámbito económico,
lo he dicho antes, es imposible reparar daños físicos y
espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas. Creo que
sería una falta de respeto hacia las víctimas el que
este valioso proceso de regeneración moral derivara en una
pura discusión sobre dineros.
No obstante, considero que el Estado ya
hizo un esfuerzo respecto de los familiares de los ejecutados y
desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el exilio, respecto de
quienes fueron exonerados de sus trabajos por razones políticas.
Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que,
aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en
lo ocurrido.
He meditado mucho este tema, y las
víctimas, la mayor parte de las cuales tienen más de 55
años, las mujeres, más de 60 años en promedio, y
por ello pienso que la reparación más adecuada es a
través, a todas las víctimas, de una pensión que
les ayude a tener una mejor calidad de vida en los años que
tienen por delante.
Al tomar una decisión respecto
de su monto, tengo que tomar en cuenta todas las obligaciones que el
Estado tiene con toda la sociedad, con todos los chilenos,
particularmente con las familias más pobres de nuestra patria.
Por eso, haciendo el máximo
esfuerzo, he decidido enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley
de reparación que establece que cada una de las víctimas
reciba una pensión, por todo el resto de su vida, equivalente
al valor de una y media pensión mínima, esto es, algo
más de 112 mil pesos mensuales, que aumentan cuando se cumplen
los 70 y 75 años de edad. Quienes reciban una pensión
por causa de derechos humanos, esa pensión se le imputará
a esta nueva pensión.
Estoy conciente que para muchos el
reconocimiento de su calidad de detenido político constituye
ya una reparación moral suficiente para recuperar su dignidad.
Es probable que muchos de ellos, en un gesto solidario, renuncien a
la reparación económica a que tienen derecho, y quiero
decir que esos fondos, a los cuales ellos renuncian, serán
aportados para las actividades del Instituto Nacional de Derechos
Humanos.
De otra parte, y acogiendo la propuesta
de la Comisión, he resuelto que las víctimas que están
en este Informe, tengan también una acogida preferencial en el
ámbito de la educación, la salud y la vivienda.
En educación, todos aquellos que
por alguna razón de prisión o tortura vieron impedidos
sus estudios, el Estado les garantizará la continuidad
gratuita de sus estudios, sean a nivel básico, medio o
universitario superior. En materia de salud, todas las víctimas
tendrán gratuidad en la atención institucional y serán
beneficiarios del Programa de Rehabilitación y Atención
Integral de Salud (PRAIS). Además, el Estado les garantizará
los apoyos técnicos y la rehabilitación física
necesaria a aquellas víctimas que hayan quedado con problemas
físicos como consecuencia de la prisión o la tortura.
En vivienda, tendrán un tratamiento preferencial para acceder
a los beneficios de la vivienda, los cuales serán próximamente
dados a conocer por la bi-ministra del ramo.
Chilenas y chilenos:
Quisiera de una manera especial esta
noche agradecer el trabajo de los comisionados, de sus colaboradores.
Ellos cumplieron una tarea dolorosa, dolorosa como pocas. Al hacerlo,
demostraron un inmenso amor a la patria.
Quiero también agradecer a todos
los chilenos, todas las chilenas, que prestaron testimonio y
estuvieron dispuestos a revivir su sufrimiento por el bien de Chile.
Tal como ellos lo pidieron, sus testimonios serán
confidenciales y, por tanto, nadie tendrá acceso a ellos
durante los próximos 50 años.
El camino de hacernos cargo de este
pasado ha sido largo, difícil, complejo. Asumir la cruda
verdad de lo ocurrido y la responsabilidad de lo obrado, no ha sido
fácil para ningún chileno.
Como sociedad hemos ido abriendo los
ojos a la realidad de nuestros compatriotas, los desaparecidos, los
ejecutados, los exiliados, los exonerados. Ahora, abrimos los ojos a
quienes sufrieron prisión política y tortura.
Como Estado, en la medida de las
posibilidades, hemos ido proponiendo y definiendo medidas de
reparación moral, simbólica, y también
económicas, a todas las personas que han sido víctimas
de aquellos atropellos a sus derechos fundamentales. Con el
reconocimiento de las víctimas de la prisión política,
completamos un capítulo por el cual teníamos que pasar.
Pero lo completamos para mirar el futuro, no para escudriñar
eternamente en el pasado.
Lo hemos hecho no para reavivar
rencores y divisiones, sino para fortalecer la convivencia y la
unidad de todos los chilenos. Ese es el espíritu de este
Informe. Ese es el espíritu que debe prevalecer una vez
conocido el sufrimiento y el dolor.
Porque hemos sido capaces de mirar toda
la verdad de frente, podemos empezar a superar el dolor, a restaurar
las heridas.
Para nunca más vivirlo, nunca
más negarlo".
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